Una vecina con cáncer terminal se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional este viernes en Tenerife

Una vecina de 54 años de Granadilla de Abona (Tenerife) afronta un desahucio este viernes 25 de septiembre, a las 10:00 horas, mientras recibe tratamiento de quimioterapia por un cáncer terminal con metástasis. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Aministía Internacional, reclaman al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que intervengan antes de la fecha señalada y garanticen una alternativa habitacional adecuada a su situación.

La mujer depende actualmente de ayudas públicas como fuente de ingresos y no dispone de nómina ni contrato de trabajo. Según el Sindicato de Inquilinas, esta situación dificulta que pueda asumir el coste del alquiler y también le impide acceder con facilidad a una nueva vivienda. La afectada asegura que incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar unos ingresos laborales de los que actualmente no dispone.

La vecina tiene reconocida una dependencia de grado 2 y cuenta con el apoyo y los cuidados de una persona cercana. Además, a sus dificultades económicas se suma una situación de salud especialmente delicada, pues padece un cáncer terminal con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios. Actualmente continúa recibiendo tratamiento de quimioterapia y, según ha trasladado, su principal necesidad es poder afrontar el tratamiento y disponer de una vivienda que pueda costear.

La trabajadora social ya ha remitido un escrito al juzgado solicitando que se concedan unos días más antes del lanzamiento. No obstante, el Sindicato de Inquilinas considera que esta ampliación temporal no resuelve la situación y reclama a las administraciones que coordinen de forma urgente los recursos de vivienda y servicios sociales disponibles. Entre sus demandas figura que la alternativa habitacional no esté condicionada a disponer de una nómina o un contrato laboral y que se adapte a las circunstancias económicas y personales de la afectada.

El colectivo también recuerda que las medidas estatales del conocido «escudo social» permitieron suspender determinados desahucios por situaciones de vulnerabilidad acreditada hasta el 31 de diciembre de 2025. Según señala el sindicato, estas medidas no se extendieron a 2026, debido a «la falta de compromiso político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno canario de Clavijo». La organización sostiene que la ausencia de una prórroga ha dejado fuera de ese mecanismo a personas que continúan atravesando situaciones de especial vulnerabilidad y reclama que las administraciones adopten medidas para evitar que estas circunstancias desemboquen en la pérdida de la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife sitúa el caso dentro de la emergencia habitacional de Canarias y recuerda que colectivos por el derecho a la vivienda, con el apoyo de más de 70 organizaciones, han presentado un Plan de Emergencia Habitacional con 13 medidas. Entre las propuesta, se encuentra la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional garantizada, la eliminación de criterios que dificulten el acceso a vivienda pública y el aumento y blindaje del parque público de vivienda. En el caso de Granadilla de Abona, el colectivo reclama una solución habitacional antes del lanzamiento previsto para este viernes.